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Análisis | Denuncias | La Ley | 18 marzo 2012

Enésima carta al CNE (Óscar Lucien, análisis)

Salvo alguna marramucia con una decisión sobrevenida, dentro de 7 meses y 7 días, es decir, dentro de 220 días, incluido el domingo 7 de octubre de 2012, día de la votación, los venezolanos concurriremos a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Todo indica que ello deba ser así. Los actores políticos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática condujeron un proceso ejemplar que culminó con la elección de Henrique Capriles Radonski como el candidato unitario de la alternativa democrática.

La elección de Capriles Radonski, avalada en un proceso abierto en el que participaron 3.097.024 venezolanos, ofrece una invalorable legitimidad a esta candidatura. Del lado del oficialismo también tienen su candidato, si bien su selección proviene de un mecanismo menos ortodoxo: el presidente del PSUV se plantó delante del espejo y seleccionó, por unanimidad, al candidato que se reflejaba en el cristal.

Resuelto el tema de las candidaturas, definido el plazo de cierre del Registro Electoral el 15 de abril, pautado el inicio formal de la campaña el 1º de julio, todo parece indicar que el próximo 7 de octubre elegiremos a un nuevo presidente de la República salvo que, repito, ocurra alguna marramucia, según sospechan algunos, relacionada con la enfermedad del Presidente actual. La alarma se ha encendido al constatarse que el cronograma que tanto se tardó en anunciar el CNE aún no ha sido publicado en la Gaceta Oficial.

Ahora bien, si la campaña electoral comienza el 1º de julio, según unas normas de publicidad y propaganda, usual corta y pega de las usadas en otros procesos anteriores, el asunto que más nos preocupa es lo que el árbitro electoral define como “precampaña” y del que se niega obstinadamente a legislar, desacatando el mandato constitucional de garantizar igualdad, confiabilidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales. Con mayor intensidad, desde algunos meses padecemos con verdadera indignación el abusivo uso que el candidato oficialista a la reelección hace de bienes públicos y de medios de comunicación del Estado en abierto proselitismo reñido con la ley.

Denunciamos ante el Consejo Nacional Electoral en octubre pasado, la manera impropia como el jefe del Estado interviene en la “precampaña” utilizando los medios de comunicación del pomposamente denominado “Sistema Nacional de Medios Públicos”. Denunciamos, asimismo, la instalación de una “Base de Patrulla Electoral” del PSUV en un despacho público de la envergadura del Palacio de Miraflores, sede oficial de la Presidencia de la República. Fieles a su tradición, el Consejo Nacional Electoral no da respuesta, no toma cartas en el asunto.

Al constatar que en días pasados el Presidente de la República en su despedida para atender problemas de salud en La Habana, Cuba, dejó instalado su comando de campaña, el cual dicho de paso está integrado por una considerable mayoría de funcionarios públicos, y que el anuncio se hizo en cadena nacional desde una instalación oficial, y considerando además el manejo electoral que hace su gobierno de su situación de salud, nos parece urgente la intervención rectora del CNE.

Compartimos el criterio, en atención a estándares internacionales, de que el ventajismo electoral, sin la debida intervención del árbitro, tipifica en las que se consideran condiciones fraudulentas para la realización de unos comicios. Por esa razón queremos utilizar esta tribuna para interpelar nuevamente al CNE para que sea consecuente con lo pautado en el artículo 293 de la Constitución de la República. Criticar su permanente coartada de que no existen normas de precampaña (sic) cuando son ellos el ente obligado a dictarlas, y recordarles algunas dispositivos legales vigentes que pueden y deben sustentar su ineludible intervención.

Sumariamente les recordamos que el CNE debe velar por: 1) Cabal cumplimiento de artículo 145 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. 2) Aplicación de la Ley contra la Corrupción que en su artículo 68 señala que el funcionario que, abusando de sus funciones, utilice el cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político será sancionado con prisión de uno a tres años.

Igualmente, el artículo 54 dictamina que el funcionario que indebidamente utilice bienes a su cargo será penado con prisión de seis meses a cuatro años. 3) Y, por supuesto, está todo lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y los reglamentos respectivos que, por razones obvias, me ahorro citar aquí.

Creo que está claro. ¿O no?

Artículo completo por Óscar Lucien en El Nacional/ND


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La Ley
Como funcionario público, Presidente Hugo Chávez debe estar “al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.*

Utilizando la “cadena nacional” de radio y TV, el Presidente tiene la obligación de representar a todas las tendencias políticas legítimas de la nación y no de hacer propaganda electoral.

El uso apropiado de la “cadena nacional” es de informar al pueblo, no de calificar ni criticar a un lado u otro.

“El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de 1 año a 3 años.”**

* Artículo 145, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
** Artículo 68, Ley contra la corrupción

Por qué ilegal? Más información sobre las leyes venezolanas aquí