#AbusoPoder | Análisis | 23 abril 2012

Libertad de expresión: las tareas pendientes (análisis, Andrés Cañizález)

La proximidad de las elecciones y la posibilidad cierta de que se produzca un cambio de gobierno en Venezuela, con el triunfo electoral de Henrique Capriles Radonski el 7 de octubre, nos lleva a revisar las asignaturas pendientes que tiene el país en materia de libertad de expresión. Aunque sabido no está de más recalcar que este derecho humano tiene doble cara, por un lado se consagra la potestad de los individuos a expresarse libremente, pero por el otro comprende el derecho social, colectivo, a la información.

Para analizar las asignaturas pendientes en Venezuela apelamos a un documento elaborado en 2010 de forma conjunta por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.


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Los relatores destacaron los desafíos que enfrenta la libertad de expresión para el período 2010-2020. En caso de triunfar la alternativa democrática en Venezuela, gracias al voto popular, un nuevo gobierno justamente se desarrollaría dentro de este lapso marcado por los relatores, quienes expresaron su preocupación por los enormes desafíos que aún persisten para el pleno ejercicio de este derecho. En particular enfatizaron los problemas que surgen por la existencia de sistemas jurídicos restrictivos, las presiones políticas, comerciales y sociales sobre los medios de comunicación, la falta de tolerancia al pensamiento crítico por parte de los gobiernos y la necesidad de implementar más y mejores mecanismos para lograr la inclusión al proceso comunicativo de los sectores excluidos.

Puede leer aquí la versión completa de esta valiosa declaración

Los retos más importantes mencionados en esta declaración se refieren a los siguientes asuntos:

  1. la existencia de mecanismos ilegítimos de los gobiernos para controlar los medios de comunicación;
  2. la existencia de leyes penales que criminalizan la crítica;
  3. la creciente violencia contra periodistas y comunicadores;
  4. la necesidad de reforzar la vigencia e implementación del derecho de acceso a la información;
  5. la discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión;
  6. las presiones económicas que limitan la libertad de expresión;
  7. la falta de un marco regulatorio que garantice la existencia, independencia y el adecuado sostenimiento de las emisoras públicas y comunitarias;
  8. las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional,
  9. los riesgos que existen sobre las nuevas tecnologías y, en particular, sobre Internet; y
  10. la urgencia de garantizar el acceso de todos a Internet.

Cuando se revisan estos ítems salta a la vista que al menos ocho de estos diez desafíos son también una asignatura pendiente para Venezuela. Es decir, en casi todos los puntos presentados por los expertos como los más agudos para un ejercicio pleno de la libertad de expresión, hay problemas concretos presentes en la Venezuela de hoy. En esta oportunidad, por razones de espacio, nos detendremos solamente en uno de los puntos álgidos que los relatores plantearon como desafío, a nivel internacional, pero el cual sin duda alguna tiene conexión directa con Venezuela.

Ocupa el primer lugar en el ranking de preocupaciones, y ello no es casual, el hecho de que los gobiernos no juegan limpio en su afán de controlar a los medios de comunicación. Venezuela puede considerarse una suerte de laboratorio en dicha materia. En 2007 como en 2010, el gobierno de Hugo Chávez usó subterfugios legalistas (es difícil decir que es legal cuando se hace un uso arbitrario del poder) para en primera instancia dejar sin permiso de televisión abierta a RCTV, y luego también sacar de la televisión por suscripción –definitivamente- al canal de Quinta Crespo.

Ambos procesos pusieron en evidencia dos aspectos que preocupan a la comunidad internacional que defiende la libre expresión: no hay en nuestro país organismos autónomos que apliquen la ley en materia de comunicación social, pues obviamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es absolutamente dependiente de los deseos del ejecutivo; igualmente preocupa que las decisiones que toma el ejecutivo no dejan espacio para la legítima defensa que tienen todos en nuestro país, incluyendo a los medios de comunicación. Cuando el entonces director de CONATEL –amén de ministro- Diosdado Cabello en julio de 2010 ordenó el cierre de 34 estaciones –principalmente de radio- anunció la medida un viernes en la noche, se aplicó la medida a la medianoche y los afectados sólo podían apelar la medida el día lunes, cuando ya había sido ejecutada. Así se cerraba el camino para que estos medios apelaran la decisión del ejecutivo.

La lista de asignaturas pendientes en la materia es larga, como puede verse en los desafíos que colocan los relatores. Para el nuevo gobierno que surja de las elecciones de octubre habrá tareas muy específicas y urgentes que afrontar en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

Por Andrés Cañizález
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Artículo original en Noticiero Digital