#AbusoPoder | #NoalVentajismo | Denuncias | Informes | 17 julio 2012

Alerta Electoral #2: Un candidato compite contra el Estado (informe)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) exhortó a los candidatos presidenciales a firmar un acuerdo en el que se comprometan a actuar en estricto cumplimiento de las leyes que rigen el proceso electoral, a reconocer los resultados electorales emitidos por el Poder Electoral y a competir bajo un clima de respeto durante la campaña.

Aunque es de aplaudir la iniciativa del organismo comicial, desafortunadamente el texto propuesto no recoge la realidad del país porque excluye de responsabilidad al Gobierno Nacional. Suponer que el Poder Ejecutivo de cualquier país deba firmar un acuerdo de respeto a las leyes electorales no parece necesario, sin embargo en Venezuela la situación es distinta. Vea el documento completo

El Reglamento Electoral en Venezuela autoriza a cada candidato a disponer de tres minutos diarios por canal de televisión para exponer sus propuestas, no obstante es inadmisible para la transparencia de un proceso comicial que mientras un candidato sólo dispone de esos tres minutos, el aspirante a la reelección puede usar, además de este tiempo, varios minutos adicionales por hora para exponer su obra de gobierno según lo establece la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Unido a esto, se encuentran las transmisiones oficiales obligatorias que deben realizar los canales de televisión y emisoras de radio, no para transmitir hechos de especial trascendencia para los venezolanos, sino para difundir actos o actividades desarrolladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Desafortunadamente ha faltado voluntad política entre las mayoría de los rectores del CNE para aprobar disposiciones que prohíban el uso de las cadenas presidenciales de radio y televisión para proselitismo político.

El acuerdo propuesto por el CNE resume a la perfección la desigual campaña electoral presidencial en la cual existe un candidato que está compitiendo contra otro, pero que también está compitiendo contra el gobierno nacional.

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El CNE debe asumir su responsabilidad de control sobre el uso de fondos públicos en la campaña

El Órgano Electoral se niega a regular Apariciones, Cadenas y ley resorte de los candidatos en radio y televisión

El Consejo Nacional Electoral reguló el tiempo de cuñas o spot publicitarios pagados (a lo que llaman propaganda) de los candidatos presidenciales y sus partidos durante el periodo oficial de campaña. Sobre las apariciones de los candidatos y sus representantes en programas de opinión y cobertura de noticias, exigió equilibrio a los medios de comunicación. Pero además de la “propaganda” hay otras formas de estar en los medios que deben ser regulados para garantizar equidad. Tres formas que implican uso de recursos públicos, uso de privilegios y uso de atribuciones públicas en campaña electoral, no están reguladas:

1. Las cadenas presidenciales, que permiten al candidato Hugo Chávez, estar durante horas en todos los canales de Televisión y en todas las emisoras de Radio en simultaneo.

2. Aló Presidente. Este programa dominguero se ha suspendido en procesos electorales anteriores.

3. Los 10 minutos que el artículo 10 la Ley RESORTE cede a usuarios y usuarias para la transmisión de “Mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público (…) No está permitida la utilización de estos espacios para la difusión de publicidad o propagandas de los órganos y entes del Estado”.

Sin embargo esos minutos de propaganda que los canales y emisoras deben transmitir con carácter obligatorio, si están siendo utilizados para difundir y promover obra de gobierno, aunque esté prohibido.

El CNE es el responsable de definir con claridad meridiana la débil línea que separa los “mensajes o alocuciones oficiales” de la propaganda electoral, basada en la premisa de que se expone obra de gobierno. Las buenas prácticas internacionales que garanticen la equidad y la protección de recursos públicos, han llevado a que en otros países se prohíba la propaganda de gobierno en época electoral; o se obliga al funcionario candidato a retirarse del cargo; se desarrollar sistemas de seguimiento y control para que los candidatos no realicen ni siquiera una llamada relacionada con temas de campaña desde un teléfono asignado por sus labores de gobierno.

El CNE debe presentar al país un informe detallada de los minutos, tal como se calcula el tiempo de cuñas, de cada candidato en radio y televisión, sea cual sea la razón de la presencia en los medios, y estimar el cálculo en bolívares que significó esa presencia.

¿El CNE sugiere u ordena que se cumpla la ley?

Escuchamos con asombro como voceros del CNE y del comando Carabobo explicaban que el CNE había sugerido el retiro de la propaganda del mensaje del, la campaña. Se estaba usando tanto como mensaje de la obra de gobierno (Corazón Venezolano), como de campaña electoral (Chávez corazón de mi patria). El CNE es órgano rector y en temas electorales sus decisiones obligan al resto de los poderes.

Debilidad o discrecionalidad en sanción

La vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales eliminó lo relativo a los delitos electorales, tarea que deja a una Ley Especial en la materia, que aun no se ha aprobado.

A pesar que la norma electoral prohíbe: hacer publicidad y propaganda electoral en cualquier dependencia pública; usar la función pública a favor o en detrimento de una candidatura; usar bienes del patrimonio público o los locales de gobierno con fines de proselitismo político; utilizar un cargo o influencias para favorecer o perjudicar electoralmente una candidatura, no esta clara la aplicación de las sanciones previstas, multas entre Bs. 45.000 y Bs. 63.000 (a diferencia de la multa a los medios de comunicación cuyas multas por su incumplimiento de la ley es entre Bs. 450.000 y Bs. 630.000).

No está claro sobre que qué elemento se hará el cálculo para fijar la sanción: ¿el edificio de un ministerio lleno de 100 afiches de un candidato cuenta como una violación o como 100 violaciones?; Si a 50 funcionarios de una alcaldía se les “pidió apoyo” para la campaña, ¿a quien se le pone la multa a los 50 funcionarios y/o al que pidió el apoyo?.

Denuncias

La oficina de Asistencia Legal Anticorrupción, de Transparencia Venezuela, recibió en la primera semana de campaña oficial, entre otras, denuncias donde supuestamente:

a. Propaganda del candidato a la reelección en la Guardia Nacional Bolivariana que se encuentra en la estación de Metro de Los Símbolos.

b. Propaganda electoral en universidades públicas e instituciones del Estado.

c. Alcaldía de Guacara, estado Carabobo utiliza sus vallas para colocar la propaganda del candidato Chávez y sin RIF.

d. Colocan valla de Chávez en Palacio de Justicia http://pic.twitter.com/jA7THxgP

e. Trabajadores de Cantv retirando propaganda http://lockerz.com/s/224531498

f. Propaganda electoral en el Ambulatorio El Arenal, Medida, Edo. Mérida

g. En web Ministerio de Educación continúa logo http://bit.ly/bQbFj5

h. También en Ministerio de Energía y Petróleo http://bit.ly/fHug0u; del Ministerio de la Vivienda http://bit.ly/gr69Rh

Uso de sitio web del Estado para campaña de Chávez

Logo del partido político de Chávez (PSUV) en sitio web del Ministerio de la Vivienda

La pre campaña no estuvo regulada

Anarquía vivimos durante los meses previos al inicio formal de la campaña, con el beneplácito del CNE que se negó a controlar la propaganda, promoción y difusión de mensajes y actividades de los candidatos. A diferencia del mundo democrático, que entiende que antes de comenzar el periodo de campaña, está prohibida, y el órgano encargado de las elecciones debe garantizar que se cumplan las normas.

Transparencia Venezuela recuerda que el uso de fondos o recursos públicos que no esté previamente aprobado por ley es corrupción y estos delitos no prescriben.

Desequilibrios restrictivos de la libertad de expresión

El 28 de junio de 2012, en el marco de una reunión con los directivos de los medios de comunicación privados, la directiva del CNE, afirmó que no tenía potestad para regular las cadenas obligatorias de radio y televisión que sistemáticamente realiza el presidente candidato Hugo Chávez Frías. En esa misma reunión pedía equilibrio a los medios en la cobertura informativa para las campañas electorales de los distintos candidatos.

Las cadenas obligatorias de radio y televisión constituyen un mecanismo restrictivo de la libertad de expresión que se utiliza además para la descalificación del principal candidato de la oposición. Del mismo modo se utiliza la obligación que tienen la radio y televisión de transmitir mensajes gratuitos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que claramente constituyen una violación a los principios de equidad que debe aplicarse en toda actividad electoral.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea a las elecciones presidenciales del año 2006 consideró: “El recurso excesivo a varias formas de propaganda institucional (es decir, la publicidad pagada por una institución del Estado, como por ejemplo ministerios, empresas públicas o autoridades regionales o locales) jugó a favor de la campaña del presidente y candidato Hugo Chávez . “ El problema no es nuevo y no puede considerarse que la publicidad gubernamental, incluyendo las cadenas obligatorias de radio y tv, sean ajenas al evento electoral.

Por otra parte, el debate en una sociedad democrática está intrínsecamente asociado al pluralismo que se expresa en los medios de comunicación y ello cobra una dimensión de mayor importancia en los contextos electorales. Los perfiles editoriales deben responder a las visiones que libremente las personas puedan adoptar, lo que resulta inadmisible es la coerción y cooptación para torcer esas perspectivas recurriendo a la violencia estatal institucionalizada o mecanismos de censura indirecta.

En una investigación adelantada por el gobierno nacional y realizada con el concurso de distintas instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); las Oficinas de Información Regional (OIR) del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI); la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre otros entes públicos, se puede construir un mapa de las tendencias editoriales de acuerdo a la perspectiva del partido de gobierno.

La elaboración de un mapa de los medios de comunicación con los recursos públicos, en coordinación y con aportes del partido de gobierno configura claramente un uso indebido de los recursos públicos. Por otra parte obliga a un seguimiento de posibles consecuencias que puede acarrear a medios calificados como opositores en la mencionada base de datos.

De acuerdo a esta base de dato que registra la perspectiva oficial y que cuenta con un acceso libre a la información oficial se establece que en Venezuela existen 1446 estaciones de radio, incluyendo las clandestinas , 193 canales de TV y 334 medios impresos. En el cuadro siguiente se detalla la suma de los medios de acuerdo a la categoría de tendencia que el partido y el gobierno catalogan como líneas editoriales. Las radios que se incluyen en el cuadro corresponden a las debidamente autorizadas. Las estaciones clandestinas mayoritariamente son ubicadas como aliadas. Ello guarda una relación directa con su vulnerabilidad jurídica y la estrategia de cooptación que se impulsa desde el Estado venezolano.

El 38,8% de los medios son considerados Aliados y un 13,2% Con Acercamiento. Ello implica que el 52 % de los medios del país tienen una relación próxima al candidato presidente y un 24,9% se identifica con el sector de la Oposición. De confirmarse estos datos, mediante una evaluación de contenido e impacto, el sector gubernamental cuenta con una ventaja relevante en el mapa de los medios, público y privados, en el país.

Estos datos reivindican la importancia de una regulación estricta de la publicidad gubernamental, incluyendo las cadenas obligatorias de radio y tv, los mensajes obligatorios de la ley Resorte y otras modalidades de la propaganda gubernamental. En un contexto de inequidad obviar la responsabilidad sobre la regulación de la propaganda gubernamental aumenta las condiciones ventajistas para el candidato que procura su reelección.

Por otra parte los medios públicos tienen una obligación de mayor grado que los medios privados en la tarea de construir un discurso equilibrado. En ese sentido, conviene recordar las recomendaciones que para este tipo de medio elaboraron conjuntamente el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) en su Declaración Conjunta Sobre Medios de Comunicación y Elecciones:

• Asegurarse que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se difundan con suficiente información para que el electorado comprenda adecuadamente su relevancia.

• Normalmente, esto requiere formular preguntas a los distintos líderes y candidatos, así como organizar debates entre tales candidatos.

• Respetar normas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio, en especial al informar sobre los partidos políticos gobernantes y las decisiones y los actos del gobierno durante un período de elecciones. Esto implica también brindar una cobertura igualitaria de los argumentos a favor de todas las partes durante un referéndum.

• Otorgar a todos los partidos y candidatos un acceso igualitario a los medios de comunicación para que transmitan sus mensajes directamente al público, ya sea en forma gratuita o a un costo subvencionado. El acceso igualitario equivale a un acceso justo y no discriminatorio concedido en función de criterios objetivos que midan el nivel de apoyo general e incluye otros factores como la oportunidad del acceso y los cargos a los cuales se quiere acceder.

• Asegurarse de que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se difundan con suficiente información para que el electorado comprenda adecuadamente su relevancia.

La estructura institucional electoral debe fortalecer la equidad en las oportunidades para todos los candidatos. Ello implica obligar a los medios públicos al equilibrio, exhortar a los medios privados a que la practiquen y prohibir el uso de la propaganda gubernamental. Aplicar las medidas a medias o solo alguna de ellas contribuye a fortalecer las tendencias inequitativas y constituyen en sí mismas una injusticia.

Noticias
Fondos públicos destinados a la campaña presidencial

Los créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional y la expansión del Gasto Público demuestra la ejecución de dos prácticas presupuestarias erradas en Venezuela. La primera, señala el poco valor que le asigna el ejecutivo al presupuesto nacional, como instrumento de planificación, ejecución y control del gasto público. La segunda, el presupuesto nacional se utiliza como un archivo que se modifica diariamente respondiendo a situaciones de coyuntura política, buscando a través de la expansión del gasto público, el otorgamiento de recursos a funcionarios y entes públicos claves, a fin de intentar incidir en las próximas decisiones del electorado.

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.961 del 10 de Julio de 2012, se muestra la aprobación de ocho nuevos créditos adicionales de un monto total de Bs. 4.670.657.322,52 (USD. 1.086.199.377,33). En lo que va de año se han aprobado 114 créditos adicionales por un monto de Bs. 47.757.461.762,87 (USD. 11.106.386.456,48). Este monto representa casi el doble del monto aprobado vía créditos adicionales en comparación al mismo periodo en el año 2011.

De estos ocho nuevos créditos adicionales incorporados al presupuesto 2012, se destaca un “mega-crédito” de Bs. 2.000.000.000 (USD 465.116.279,07) otorgados a varios ordenadores de pago (distintos ministerios y entes de la administración pública), para financiar en su mayoría gasto de personal (sueldos y salarios, beneficios inherentes al trabajador, aguinaldos, entre otros) y las pensiones y jubilaciones de estos entes. Del monto total de este crédito 63% correspondió al gasto de personal, pensiones y jubilaciones y el restante 37% a transferencias corrientes realizadas a distintos entes adscritos a varios ministerios sobre todo para financiar su gestión administrativa.
Otra característica de este “mega-crédito”, es que por segundo mes consecutivo se le otorgó recursos (Bs. 5.207.465) a proyectos de difusión y cobertura comunicacional del Presidente de la República como: desarrollo y difusión de campañas comunicacionales e informativas en apoyo a la gestión de gobierno, producción del programa Aló Presidente, cobertura y difusión comunicacional de la agenda del presidencial, fortalecimiento de medios alternativos, el fortalecimiento de la política informativa a través de oficinas regionales y el fomento a la aplicación de la Ley Resorte.

Libertad de expresión
WAN-IFRA preocupado por censura a medios venezolanos durante campaña electoral

Una misión de Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA por sus siglas en inglés), constató la preocupación de los medios venezolanos respecto a una intensificación de la presión oficial ante las venideras elecciones presidenciales, circunstancias en las que “los ataques a los periodistas se agudizan”; según recordó a la misión Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela. “Estas votaciones son las más importantes desde la llegada de Chávez al poder y tememos por ello que se produzca el mayor índice de agresiones a los medios jamás registrado”, agregó.

Durante los últimos cinco meses, WAN-IFRA se ha opuesto radicalmente a las iniciativas de los gobiernos de Venezuela y Ecuador para debilitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Lea la nota completa del encuentro entre la misión de la WAN y los medios venezolanos en su página web: http://www.wan-ifra.org/node/59649

Chávez defiende el uso de las cadenas durante la campaña electoral

El 9 de julio, en su primera conferencia de prensa como candidato a la reelección, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, defendió el uso de las cadenas nacionales de radio y televisión durante la presente campaña electoral. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha negado a regular este mecanismo, diversos estudios demuestran que su uso se incrementa notablemente durante los períodos preelectorales. En la conferencia de prensa, Chávez sesgó la información porque aseveró que el uso de las cadenas por parte del jefe de Estado constituía un “derecho constitucional”, cuando no lo es. La ausencia de control por parte del poder electoral, en materia de cadenas nacionales de radio y televisión, representa un desequilibrio ya que le permite al presidente-candidato difundir su mensaje de forma exclusiva por todo el sistema de radio y televisión del país, tanto público como privado.

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120710/hugo-chavez-me-van-a-pedir-a-mi-que-no-haga-cadenas

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