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#NoalVentajismo | Informes | 31 octubre 2012

Chávez utiliza cadenas y Ley Resorte para promover su campaña; CNE no cumple función de arbitro (Wilson Center)

El primero abuso es el uso de las cadenas obligatorias de radio y televisión. Como han reconocido distintos organismos independientes dedicados a monitorear el grado de libertad de expresión, es necesario reconocer el derecho del Presidente de la República a utilizar los medios de comunicación para dar a conocer comunicados de interés público. Pero esa facultad debe ser ejercida con un sentido de la proporción pues si no se transforma, durante las campañas electorales, en una fórmula que desequilibra las condiciones de la competencia a favor del gobierno.

La organización Reporteros sin Fronteras indicó que el 2 de febrero de 2010, el presidente Chávez completó, a partir de 1999, dos mil cadenas obligatorias de radio y TV. Estudios posteriores indican que a junio de 2012, esa cifra se había elevado a 2.334 cadenas, con una duración promedio de tres cuartos de hora cada una. Esto da un total de una cadena cada dos días, durante trece años. En el primer mes de la actual campaña el presidente Chávez ha utilizado nueve cadenas obligatorias de radio y TV. El asunto se complica porque el CNE dice carecer de facultades para impedir que el Presidente acuda a las cadenas nacionales.

Chávez utiliza recursos públicos para campaña

Las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre en Venezuela no serán unas más. Tienen una importancia capital. El Presidente Chávez, luego de 14 años en el gobierno, pretende una nueva reelección por seis años.

Estas elecciones se llevan a cabo en medio de un agudo proceso de polarización y con marcadas condiciones inequitativas en la competencia, junto con fórmulas de identificación, votación y cómputo de los votos que ofrecen márgenes importantes de certidumbre. Son dos caras de una misma moneda que además abre amplios márgenes para la especulación en torno a los posibles desenlaces del proceso.

Nuestro informe se divide en tres grandes apartados: a) un repaso a la situación que guarda el sistema electoral en el sentido estrecho del término, b) un análisis de las condiciones en las que transcurre la competencia y c) un esbozo de los posibles escenarios.

LAS CONDICIONES DE LA COMPETENCIA

Si la fortaleza del sistema electoral venezolano está en la forma en que se reciben, se cuentan y se dan a conocer los votos, su debilidad mayor está en unas condiciones de la competencia no equitativas.

En este campo es necesario llamar la atención sobre los medios de comunicación, el financiamiento de las campañas; el abuso de las encuestas, el grado de polarización política, la situación de violencia; el impacto de las políticas sociales y redes clientelares.

La situación de los medios de comunicación

Este es, sin duda uno de los temas dónde la controversia es más aguda pues alude a un asunto estratégico del que depende en buena medida la equidad en la contienda y la calidad del debate público. En el período del presidente Chávez los medios han tenido variaciones importantes y que miradas con perspectiva hasta se podría hacer un inventario de los errores y fallas que sobre la materia –gobierno y medios–no deben cometer.

En su ascenso al poder Chávez, según Teodoro Petkoff “cosechó el resultado de quince años de campaña mediática dirigida a la demolición de los partidos políticos, a la demonización de la política y los políticos”, y en 1998, cuando llegó por primera vez a la presidencia, contó con el respaldo de los medios de comunicación privados más importantes, entre ellos El Nacional y la cadena Venevisión. Pero a partir del 2000 se desata el enfrentamiento entre el presidente Chávez y los medios de comunicación. En octubre del 2001 el presidente declara que “los medios de comunicación son enemigos de la revolución” y los principales de ellos responden–mucho más que los partidos, que estaban muy desprestigiados– impulsaron acciones que, lo hayan o no
querido, alentaron en la oposición una estrategia antidemocrática que llevó al fallido golpe de Estado, al paro nacional y la huelga petrolera que, dicho sea de paso, constituyeron monumentales errores políticos.

Derrotadas estas operaciones desestabilizadoras el gobierno anuncia su decisión de construir “la hegemonía comunicacional”, para cuyo logro va a utilizar una batería de recursos. De partida la adquisición y creación de medios gubernamentales. Paralelamente se revocan algunas licencias de medios opositores o llegada la caducidad de ellas no les son renovadas. Un instrumento fundamental ha sido el manejo absolutamente discriminatorio del avisaje estatal, cuyo monto se multiplica en la medida que las nacionalizaciones y estatizaciones de empresas aumentan.

El resultado de esto ha sido un nuevo balance de poder en los medios. En materia de diarios la situación que partió muy adversa al gobierno, hoy parece equilibrada. En la televisión el redominio del gobierno es abrumador estimándose que ya en 2007 controlaba 7 televisoras de alcance nacional y 35 televisoras abiertas comunitarias. Como lo han señalado diversos académicos, si en 1999, a la llegada de Chávez, el poder de emisión correspondía al sector privado de la radiotelevisión, ocho años más tarde ese predominio se había trasladado al gobierno.

Pero más allá de estas diferencias en el control y propiedad de los medios, existen otros puntos que parecen preocupantes y sobre los que hay que llamar la atención.

El primero es el uso de las cadenas obligatorias de radio y televisión. Como han reconocido distintos organismos independientes dedicados a monitorear el grado de libertad de expresión, es necesario reconocer el derecho del Presidente de la República a utilizar los medios de comunicación para dar a conocer comunicados de interés público. Pero esa facultad debe ser ejercida con un sentido de la proporción pues si no se transforma, durante las campañas electorales, en una fórmula que desequilibra las condiciones de la competencia a favor del gobierno.

La organización Reporteros sin Fronteras indicó que el 2 de febrero de 2010, el presidente Chávez completó, a partir de 1999, dos mil cadenas obligatorias de radio y TV. Estudios posteriores indican que a junio de 2012, esa cifra se había elevado a 2.334 cadenas, con una duración promedio de tres cuartos de hora cada una. Esto da un total de una cadena cada dos días, durante trece años. En el primer mes de la actual campaña el presidente Chávez ha utilizado nueve cadenas obligatorias de radio y TV. El asunto se complica porque el CNE dice carecer de facultades para impedir que el Presidente acuda a las cadenas nacionales.

El segundo, es que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, también llamada “Ley Resorte”, establece la obligación de los medios de trasmitir todos los días 10 minutos de avisos institucionales (educacionales, culturales), que según la oposición se han convertido en mensajes proselitistas del gobierno y parte de la actual campaña presidencial.

Tercero, en diferentes momentos desde el gobierno se anatemiza el rol de los medios y se les convierte en enemigos declarados, lo que genera un clima enrarecido y tenso. En este sentido se deben lamentar las atribuciones muy amplias de control y regulación de los medios que entrega la Ley Resorte y que son administradas por un Directorio donde siete de sus once miembros son nombrados por el Ejecutivo y no tienen ni estabilidad ni plazo de duración en sus cargos. Ese Directorio aplicó al Canal Globovisión, en octubre de 2011, una multa de 2,1 millones de dólares.

Además se han reforzado las leyes que sancionan los delitos de “desacato” y “vilipendio” y son conocidos los casos en que se ha utilizado el poder punitivo del Estado para perseguir a periodistas y directivos de medios de comunicación. Medidas como éstas han creado un ambiente de autocensura en que, por ejemplo, dos importantes canales privados de televisión (Venevisión y Televen), han llegado a un acuerdo tácito con el gobierno y han reducido al mínimo los espacios de comentarios políticos.

Y last but not least, es el uso del avisaje estatal, que es cada vez más importante en la medida que hay una creciente estatización de la economía, es usado como instrumento para comprar la lealtad de algunos medios o para buscar la asfixia económica de los de la oposición.

Informe completo en Wilson Center
Resumen ejecutivo en Wilson Center
Resument ejecutivo en inglés en Wilson Center

Informe Sobre las Elecciones del 7 de Octubre en Venezuela (septiembre 2012) por Genaro Arriagada y José Woldenberg

José Woldenberg es académico y analista político. Fue consejero presidente del IFE de 1997 a 2003 y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Genaro Arriagada fue Ministro de Estado durante la presidencia de Eduardo Frei y posteriormente Embajador de Chile ante los Estados Unidos.