Desde el año 1999, el gobierno ha ido reduciendo progresivamente las condiciones indispensables para unas elecciones libres, justas, auténticas e imparciales: prohibió el financiamiento público de los partidos y organizaciones con fines políticos, asumió el control del directorio del CNE, reestructuró la justicia electoral, manipuló los circuitos electorales (gerrymandering), eliminó la figura de la “Observación Electoral Internacional” y la sustituyó por la de “Acompañamiento”, etc.
Paralelamente, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha ido implantando una política de intimidación a la disidencia y sembrado temores en el electorado, fundados en la implementación del sistema automatizado de votación, en el uso indebido que ha hecho de datos personales y de preferencias políticas y en la relación directa que existe entre las elecciones y las expectativas de una parte importante de la población de recibir beneficios sociales y económicos.
La lucha por las condiciones electorales es un verdadero desafío para la restauración de la democracia en Venezuela. La oposición debe realizar un esfuerzo permanente y creativo para prevenir y anticipar las causas que afectan al sistema democrático y para mitigar las consecuencias del autoritarismo electoral. Esa estrategia no puede basarse en la aceptación de las condiciones sino en su cuestionamiento permanente.
Para la elección presidencial del 7 de octubre se implementó un nuevo sistema de información a los votantes. Según la explicación ofrecida por el CNE, el Sistema de Información al Elector (SIE) se usó para orientar a los votantes y brindar a la autoridad electoral datos sobre la cantidad de ciudadanos que acudían a votar.
El artículo 312 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales prevé el procedimiento para la organización del flujo de electores que debe seguirse en los centros de votación: en la entrada de cada centro se ubicarán listados de los electores inscritos en las mesas electorales de ese centro y en aquellos centros con tres o más mesas, se habilitará una estación de información al elector, la cual “dispondrá de equipos de computación con la información contenida en el Registro Electoral y un sistema de distribución de electores y de control de acompañantes. En dicha estación “se hará entrega (…) de un instrumento que indique el número de cédula de identidad, la página y el renglón del cuaderno de votación, de tal manera que la búsqueda en la mesa electoral se haga de manera expedita”.
Después de las elecciones presidenciales, dirigentes opositores, e incluso uno de los rectores del CNE, solicitaron formalmente que el 16 de diciembre se eliminase la estación indicada, pues lejos de beneficiar la celeridad del proceso de votación, había generado fuertes retrasos durante las elecciones presidenciales. Sin embargo, a pesar de los argumentos esgrimidos, el CNE no solamente decidió mantenerla, sino que agregó que su utilización era obligatoria.
Durante el período previo a las elecciones del 07 de octubre, aunque voceros del CNE sostuvieron que el tiempo promedio por elector era de un minuto, los simulacros realizados el 05 de agosto y el 02 de septiembre, demostraron que el tiempo requerido para votar era mucho mayor. El 07 de octubre, las demoras fueron evidentes y excesivas. Alrededor de un 22% de las denuncias recibidas por organizaciones de la sociedad civil que hicieron seguimiento a la jornada electoral, estuvieron relacionadas con los retrasos en los centros de votación y gran parte de ellas, con la estación de información al elector. El propio Centro Carter, en el informe final presentado por la misión de estudio enviada durante los comicios presidenciales, destacó que si bien la alta afluencia de votantes había contribuido a la formación de largas colas, los retardos en la entrada de los centros de votación se debieron en parte a la implementación del nuevo sistema de información.
Por otra parte, el citado referido 312 establece que en caso de que algún elector no aparezca en los listados ubicados en la entrada del centro de votación, “deberá´ dirigirse a la Estación de Información al Elector, donde se le indicará el lugar en el cual le corresponde votar”. Es evidente que el propósito de dicha estación es la asistencia al elector, por lo que el paso por ella debería ser opcional y únicamente para aquellos electores que no conozcan su mesa ni el renglón del cuaderno. La decisión del directorio del CNE acerca de su obligatoriedad no solamente contradice el fin previsto en la norma indicada, sino también lo que el propio CNE decidió el 07 de octubre en relación con los retrasos ocasionados por ese mecanismo, el cual fue declarado voluntario, que no obligatorio, porque entorpecía el normal desenvolvimiento del proceso.
Como fundamento de la decisión tomada recientemente ante la solicitud presentada por la oposición, la presidenta del CNE señaló que la estación es una “garantía para los votantes”, “representa un avance en materia de automatización del sistema de votación venezolano” y permite además, “conocer en tiempo real el flujo de electores”. Pero lo cierto es que la información que recoge esa estación en relación con el número de personas que han participado en el proceso electoral no debería interesar al CNE sino únicamente a los partidos políticos, los cuales mediante metodologías de conteo que permiten hacer cortes parciales a lo largo de la jornada electoral, suelen medir la participación y tomar decisiones de movilización.
Lo anterior conduce forzosamente a concluir que el “flujo de votantes” que registra la estación es la mejor herramienta de movilización electoral para uso exclusivo del oficialismo, el cual controla a los cuatro miembros de la autoridad electoral vinculados con el partido de gobierno. Además de inútil y perjudicial, la estación de información al elector, fortalece la percepción generalizada de que el gobierno dispone de información acerca de las preferencias electorales de los ciudadanos.
Ciertamente, el 5 de septiembre de 2012 se realizó la auditoría al Sistema de Identificación al Elector (SIE) utilizado en las elecciones presenciales del 07 de octubre de 2012, con el propósito de “revisar el código fuente del sistema permitiendo verificar las funcionalidades que ejecutan la aplicación como la instalación y las pruebas, constitución, información al elector y transmisión de datos”. Durante esa evaluación se comprobó que el SIE tenía un contador que permitía saber el número de ciudadanos que se habían presentado a los centros de votación y que solo enviaba información acerca de la edad y sexo del elector. Sin embargo, durante la jornada del 07 de octubre la oposición no tuvo testigos en la sala que recibía la información transmitida por los equipos, por lo que no pudo verificar qué tipo de información transmitía la estación ni quién recibía esos números.
Recientemente, el CNE aprobó la presencia de testigos de organizaciones políticas en las salas de monitoreo del SIE. Sin embargo, esta medida no es suficiente para atenuar la suspicacia y la desconfianza que genera en el electorado la utilización del sistema automatizado de votación.
Aunque el contenido mínimo de la democracia requiere que las personas habilitadas para votar tengan la libertad de escoger a cualquier candidato y de apoyar u oponerse al gobierno, sin coacción ni influencias indebidas que puedan desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los electores, en Venezuela el miedo sigue siendo utilizado como estrategia de control político y las contradicciones de la autoridad electoral lo fortalecen.
Artículo por Un Estado de Derecho como parte de Alerta Electoral
El presente boletín, de circulación quincenal, está producido por un conjunto de organizaciones sociales de Venezuela, junto a periodistas y académicos. El objetivo principal de esta publicación es alertar a la comunidad internacional sobre el desarrollo de la campaña electoral de los comicios electorales en Venezuela.
