Informes | La Ley | 22 junio 2014

Cadenas nacionales en Venezuela

cadenas-nacionales-venezuela-alianza-regionalEl capítulo “Cadenas nacionales en Venezuela”, escrito por las organizaciones no gubernamentales Espacio Público y Transparencia Venezuela, forma parte del informe Cadenas Nacionales: Herramientas del Estado para el Control de la Información, compilado en mayo 2014 por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Ver abajo para leer y descargar el informe completo.

Cadenas nacionales en Venezuela

Marco normativo

Las cadenas nacionales se encuentran reguladas en Venezuela por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones[1](LOT) y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión[2](Ley RESORTE). Las normas establecen lo siguiente:

Artículo 192 LOT:

Sin perjuicio de las disposiciones legales en materia de seguridad y defensa, el Presidente de la República podrá, directamente o a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través del canal de información a sus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los Ministros. Mediante reglamento se determinarán las modalidades, limitaciones y demás características de tales emisiones y transmisiones.

No estará sujeta a la obligación establecida en este artículo la publicidad de los entes públicos.

Artículo 10 Ley Resorte:

Modalidades de Acceso del Estado a Espacios Gratuitos y Obligatorios.

El Estado podrá difundir sus mensajes a través de los servicios de radio y televisión. A tales fines, podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la transmisión gratuita de:

1. Los mensajes previstos en la Ley Orgánica de Telecommunicaciones.

La orden de transmisión gratuita y obligatoria de mensajes o alocuciones oficiales podrá ser notificada válidamente, entre otras formas, mediante la sola difusión del mensaje o alocución a través de los servicios de radio o televisión administrados por el Ejecutivo Nacional. […]

Los prestadores de servicios de radio o televisión y difusión por suscripción no podrán interferir, en forma alguna, los mensajes y alocuciones del Estado que difundan de conformidad con este artículo, y deberán conservar la misma calidad y aspecto de la imagen y sonido que posea la señal o formato original.

Se entiende como interferencia de mensajes la utilización de técnicas, métodos o procedimientos que modifiquen, alteren, falseen, interrumpan, editen, corten u obstruyan, en forma alguna, la imagen o sonido original. Los prestadores de servicios de difusión por suscripción cumplirán la obligación prevista en el numeral uno, a través de un canal informativo […].

En consecuencia, el Presidente de la República está autorizado para transmitir todos sus discursos y presentaciones, a través de todos los medios de comunicación mencionados en las normas precedentes, sin límite de tiempo alguno.

Posteriormente el 22 de diciembre de 2009 el Directorio de Responsabilidad Social de la República Bolivariana de Venezuela emitió una Providencia Administrativa que estableció la Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual[3]la cual establece:

Artículo 5. Transmisiones de mensajes o alocuciones oficiales.

Los Servicios de Producción Nacional Audiovisual, deberán transmitir gratuitamente los mensajes o alocuciones oficiales conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Es decir, la norma establece que los canales de televisión por cable que contengan menos del setenta por ciento de producción internacional serían considerados Servicios de Producción Nacional Audiovisual y deberían transmitir gratuitamente los mensajes o alocuciones oficiales conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Acorde a las normas mencionadas anteriormente,  todos los medios de comunicación (radio y televisión)  públicos y privados de señal abierta en Venezuela están obligados a transmitir las cadenas nacionales. Adicionalmente, los canales de televisión por cable que contengan menos del setenta por ciento de producción internacional serían considerados Servicio de Producción Nacional Audiovisual y deberán transmitir gratuitamente los mensajes o alocuciones oficiales.

No existe límite legal para las cadenas. Pueden ser diarias, sin limitación horaria y duración.

Respecto a si la legislación señala casos o justificaciones para las cadenas en ella no se señalan motivos ni situaciones. El art. 192 de la LOT establece la necesidad de dictar un Reglamento con la finalidad de precisar las modalidades, limitaciones y demás características de tales emisiones y transmisiones. Sin embargo, dicho Reglamento se encuentra pendiente por lo que la norma le otorga facultades amplias al Ejecutivo sin especificaciones de motivos o situaciones.

Como no existen límites a la imposición de cadenas, las autoridades generalmente no expresan justificación alguna. Existen numerosos ejemplos de cadenas nacionales que no cumplen estándares internacionales de información de interés nacional y proporcionalidad. Por ejemplo, una cadena sobre la ceremonia de inauguración de un evento deportivo – los Juegos Mundiales de Softball Femenino-(cadena del 23 de junio de 2010). En esta cadena, entre otras, hubo un espectáculo musical de 44 minutos de duración, lo que per se evidencia que no hubo información, de ninguna índole, comunicada con dicho contenido. Lo mismo ocurre con la cadena del 20 de diciembre de 2010 sobre la ceremonia de graduación de médicos de la Universidad Rómulo Gallegos69.

No hay normas relativas a medios escritos.

Procedimiento de imposición

La autoridad con potestad para imponerlas es el Presidente de la República.

La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014

El siguiente grafico muestra su uso, desde 1999:

Año N° de Cadenas Minutos Horas Promedio de duración en minutos por cadena
1999 86 4260 71,00 50
2000 146 6540 109,00 45
2001 118 7080 118,00 60
2002 159 4680 78,00 29
2003 198 10080 168,00 51
2004 374 7440 124,00 20
2005 215 6540 109,00 30
2006 182 5520 92,00 30
2007 163 7440 124,00 46
2008 187 10380 173,00 56
2009 141 8460 141,00 60
2010 136 1680 28,00 12
2011 158 12190 203,17 77
2012 114 9383 156,38 82
2013 192 8192 136,53 43
2014* 60 4419 73,65 74
Total 2629 114284 1904,73 765

Fuente: Espacio Público, *2014 hasta 31 marzo

Sanciones, defensas y recursos

Respecto a sanciones, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (ahora Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos)[4]establece:

Artículo 28:

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, se podrán imponer sanciones de cesión de espacios para la difusión de mensajes culturales y educativos; multas, suspensión de la habilitación administrativa, y revocatoria de la habilitación administrativa y de la concesión. […]

4. Se sancionará al prestador de servicios de radio, televisión o difusión por suscripción, en los casos que le sea aplicable, con multa desde tres por ciento hasta cuatro por ciento de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal, inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción, cuando: […]

L) Incumpla con la obligación de difundir los mensajes del Estado,según lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.

M) Interfiera los mensajes y alocuciones del Estado, infringiendo loprevisto en el artículo 10 de esta Ley.

El Directorio de Responsabilidad Social[5], organismo establecido en la Ley RESORTE, tiene competencia para “establecer e imponer las sanciones a que haya lugar de conformidad con esta Ley.” El artículo 35 de la misma norma dispone que el Directorio de Responsabilidad Social “emite los actos que ponen fin al procedimiento administrativo sancionatorio”.

Con respecto a este organismo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos  manifestó su preocupación “por la creación del Directorio […] de Responsabilidad Social, con amplio poder para sancionar sin los límites necesarios para cualquier organización de este tipo. Preocupa, entre otras cosas, que el Directorio puede sesionar con sólo la presencia de los miembros que pertenecen al Estado y que puede tomar decisiones por mayoría simple. […] La Comisión y la Relatoría consideran que la operación de [este organismo] en la manera prevista en la Ley facilita el ejercicio de la censura previa y posterior por parte del Estado“ [6].

Del mismo modo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, expresó su preocupación ya que la mayoría de los miembros del Directorio son elegidos por el Ejecutivo Nacional y “la Ley de Responsabilidad Social no establece criterio alguno para la designación de los miembros del Directorio de Responsabilidad Social, ni define un plazo fijo para el ejercicio de sus cargos ni establece causales taxativas para su remoción. No existen entonces garantías institucionales, orgánicas ni funcionales de independencia de los citados órganos.” [7].

Una vez abierto un proceso administrativo sancionatorio, la Ley resorte regula el proceso y la posibilidad de defensa en instancia administrativa.

Igualmente, el artículo 35 de la Ley Resorte, establece que la decisión del Directorio de Responsabilidad Social agota la vía administrativa y la decisión podrá ser recurridas dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes de haber sido notificadas por ante la Corte de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia conocerá la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Con respecto a la imposición de cadenas, se han intentado numerosas acciones judiciales por diferentes sectores de la sociedad (ciudadanos particulares, partidos políticos, medios de comunicación, etc.). Todas han sido desestimadas por los tribunales, fundamentalmente mediante la declaratoria de inadmisibilidad de las referidas acciones (e.g. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 50, caso C. Vecchio, Febrero 20, 2008, expediente No. 2007-1495; Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 916, caso Bárbara Vicenta Maria Vesci Orsi y otros, Abril 25, 2003, expediente No. 2002-2477).

Igualmente, se intentó un Recurso de Nulidad del Artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el cual se decide con sentencia No. 2152 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14 de noviembre de 2007, la cual destaca:

“La norma establece una obligación de servicio universal que impone a los operadores la transmisión de mensajes o alocuciones oficiales del Ejecutivo Nacional, en pro de la divulgación de información en condiciones de igualdad y universalidad, tal como exige el interés general que gravita sobre el ámbito comunicacional y sin que ello, constituya per se una actuación arbitraria de los órganos superiores del Poder Ejecutivo Nacional, pues la orden impartida conforme a la norma impugnada, como toda actividad administrativa del Estado, conlleva a que su ejercicio se enmarque en lo que la doctrina denomina el principio de interdicción de la arbitrariedad del Poder Público, cuya vigencia no sólo entraña la sumisión del Estado, al principio de legalidad y competencia, sino que para el caso de actuaciones discrecionales, resulta menester observar el principio de razonabilidad, que comprende la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, de acuerdo a los cuales, la eventual actuación de un órgano o ente del Estado, debe resultar apta para los fines perseguidos, requerida ante una situación de hecho determinada y finalmente, adecuada a las circunstancias en concreto, pues de lo contrario se plantearía una medida injustificada.”

Costos y compensaciones

La organización Monitoreo Ciudadano tiene estimación de costos en Bolivares de algunas cadenas.[8]

Notas

[1] Ley Orgánica de Telecomunicaciones. (Publicada en Gaceta Oficial Nº 36.970 del 12 de Junio de 2000). Disponible en http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LT_ley.htm.

[2] Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, (Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.333 del 12 de diciembre de 2005). Disponible en: http://www.conatel.gob.ve/download/marco_legal/ Ley%20Responsabilidad%20Reforma.pdf

[3] Gaceta Oficial N°39.333. 22 de diciembre de 2009. Providencia Administrativa N°01/09.

[4] Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.610 del 07 de febrero de 2011). Disponible en: http://www.conatel.gob.ve/files/marco_legal/leyrs.pdf

[5] Articulo 20 Ley Resorte: Se crea un Directorio de Responsabilidad Social, el cual estará integrado por el Director General  de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien lo presidirá, y un representante por cada uno de los organismos siguientes: el ministerio u organismo con competencia en comunicación e información, el ministerio u organismo con competencia en materia de cultura, el ministerio u organismo con competencia en educación y deporte, el ministerio u organismo con competencia en pueblos indígenas, el ente u organismo con competencia en materia de protección al consumidor y al usuario, el Instituto Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, un representante por las iglesias, dos representantes de las organizaciones de los usuarios y usuarias inscritas ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y un docente en representación de las escuelas de comunicación social de las universidades nacionales.

[6] CIDH. Informe Anual 2005. Capítulo IV: Desarrollo de los derechos humanos en la región, párr. 356. […] Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4d.htm

[7] CIDH, Informe Democracia y Derechos Humanos 2009. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/paises/Informe%20%20Especial%20LE%2 0en%20Venezuela%202009.pdf

[8] Monitoreo Ciudadano 2014. Disponible en: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtKnG3FcWkKedF9aYjlzTmhMN1BPdTd fWFVmbWZrX3c&usp=sharing#gid=0

Informe elaborado por:

Espacio Público
Director Ejecutivo: Carlos Correa
Oficial del Programa de Promoción, Defensa y Acción Pública: Oswaldo Cali
Consultora: Marianna Belalba

Transparencia Venezuela
Directora Ejecutiva: Mercedes De Freitas
Coordinador Asistencia Legal Anticorrupción Gregorio Riera

Fuente: http://www.alianzaregional.net/acciones/investigacion-aplicada/alianza-regional-presenta-el-informe-herramientas-del-estado-para-el-control-de-la-informacion-cadenas-nacionales-en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-prensa/

Informe: http://www.slideshare.net/yomonitoreo/cadenas-nacionales-alianza-regional-por-la-libre-expresin-e-informacin

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